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La Ley del Timbre de 1764. Para los políticos británicos que hubieron de buscar nuevas fuentes de ingresos para recuperar los inmensos gastos producidos por la Guerra de los Siete Años, las colonias de Norteamérica parecían la solución ideal, tanto por razones políticas como por razones económicas.
Aunque la ley del timbre fue derogada, el Parlamento rechazó los argumentos de los colonos, afirmando su completa supremacía y su poder de obligar a las colonias en cualesquiera casos que fuese.
En octubre de 1765, 28 delegados de nueve colonias diferentes (Georgia, Carolina del Norte, New Hampshire y Virginia declinaron) se reunieron en Nueva York para discutir posibles respuestas a la crisis del impuesto de timbre.
El Congreso de la Ley del Sello celebrado en Nueva York-Estados Unidos, fue la primera gran respuesta conjunta colonial a una medida británica, donde se solicitó su revocación tanto al Parlamento como al rey Jorge III.
Dos grupos, los Hijos de la Libertad y las Hijas de la Libertad, encabezaron la resistencia popular a la Ley de Timbre. Ambos grupos se consideraban patriotas británicos defendiendo su libertad, tal como lo habían hecho sus antecesores en la época de Santiago II.
La alegría de los colonos por la derogación de la Ley de Timbres y lo que vieron como su defensa de la libertad no duró mucho. La Ley Declaratoria de 1766 había articulado la autoridad suprema de Gran Bretaña sobre las colonias, y el Parlamento pronto comenzó a ejercer esa autoridad.
Esta Declaración planteó catorce puntos de protesta colonial. Afirmó que los colonos poseían todos los derechos de los ingleses además de protestar por el tema de la Ley del Timbre, y que el Parlamento no podía representar a los colonos ya que no tenían derechos de voto sobre el Parlamento.
